Los niños con condiciones de riesgo constituyen, por definición, el grupo en el que la vacunación antigripal tiene mayor impacto individual. En teoría, su identificación no debería suponer ninguna dificultad, dado que el propio CAV-AEP recoge con claridad, en su tabla de recomendaciones para la campaña 2026-2027, todas las condiciones asociadas a un mayor riesgo frente a la infección gripal3. Sin embargo, en la práctica real, los sistemas de vigilancia actuales no logran identificarlos.

El Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (SIVAMIN) reporta las coberturas en la población de uno a 5 años como un conjunto homogéneo, sin estratificación por enfermedad subyacente1. Las series publicadas sitúan las coberturas en los niños con condiciones de riesgo, de forma consistente, entre el 15 y el 25%, pero se trata en el mejor de los casos de aproximaciones parciales: la propia heterogeneidad de esta población introduce un sesgo relevante en cualquier cifra global. No existe un registro homogéneo nacional, ni una metodología consensuada ni, en definitiva, un denominador fiable.

La raíz de este vacío es triple y sus causas se retroalimentan. La primera es el problema del censo: los niños con condiciones de riesgo son, administrativamente, difíciles de identificar. Su definición clínica es heterogénea, su condición fluctúa en el tiempo —a menudo modificada por los propios tratamientos— y la codificación diagnóstica (CIAP-2 en atención primaria, CIE-11 en el ámbito hospitalario) no siempre es homogénea entre niveles asistenciales. La segunda causa es la fragmentación asistencial: el equipo de atención primaria conoce a sus pacientes crónicos, pero no siempre tiene visibilidad de quienes se atienden exclusivamente en el hospital, y el especialista hospitalario rara vez dispone de un sistema que le alerte, al inicio de la campaña, de que un paciente concreto debe vacunarse. La tercera, consecuencia de las 2 anteriores, es la ausencia de indicadores específicos: ni el Ministerio de Sanidad ni las CC. AA. han establecido objetivos de cobertura diferenciados para los grupos de riesgo pediátrico. Sin objetivo no hay presión de mejora; sin medición no hay forma de definir áreas de intervención.

La relevancia clínica de esta situación no admite discusión. La gripe grave en la infancia se asocia con mayor frecuencia a los pacientes con enfermedades subyacentes, en quienes la probabilidad de hospitalización, complicaciones, descompensación de la enfermedad de base e incluso letalidad es sustancialmente mayor. Un estudio realizado en nuestro medio mostró que hasta un 45% de los niños hospitalizados por gripe presentaban alguna comorbilidad de riesgo con indicación vacunal, y que hasta un 74% de ellos no estaban vacunados3. Frente a esta evidencia, unas coberturas estimadas de entre el 15 y el 25% constituyen una asignatura pendiente de nuestro sistema preventivo, especialmente inexcusable si se tiene en cuenta que la vacunación está financiada para todos los menores de 18 años con condiciones de riesgo desde hace años. Esta prioridad no debe diluirse en la implementación de la vacunación universal en los grupos etarios pediátricos, y la propuesta de extender la vacunación sistemática hasta los 17 años representa una oportunidad añadida para incrementar también las coberturas en los grupos de riesgo4.

Las estrategias generales ya descritas por el CAV-AEP y el consenso AEV-CAV-SEIP para mejorar la vacunación pediátrica pueden y deben adaptarse y priorizarse para este subgrupo4. Por orden de impacto potencial, destacan 7 líneas de actuación:

• 1.

  La primera y más urgente es resolver el problema del censo mediante listados nominales actualizables al inicio de cada temporada, compartidos entre atención primaria y hospitalaria, acompañados de alertas en la historia clínica electrónica que se activen ante cualquier contacto asistencial de un paciente de riesgo aún no vacunado. Experiencias de búsqueda activa similares, como las desarrolladas en los programas de inmunización frente al VRS con nirsevimab, han demostrado el potencial de este modelo organizativo5.

• 2.

  La segunda es la recomendación activa y la corresponsabilidad del profesional sanitario: existe evidencia sólida de que la recomendación explícita del médico, enfermera, farmacéutico es determinante en la decisión de vacunar, y este mensaje debe ser único, claro y compartido por pediatría y enfermería.

• 3.

  La tercera es la formación estructurada y el alineamiento entre profesionales, sociedades científicas, autoridad sanitaria y asociaciones de pacientes, de manera que la ciudadanía perciba convergencia y no contradicción entre los distintos actores implicados.

• 4.

  La cuarta línea es la integración de la farmacia comunitaria, que mantiene un contacto periódico con los pacientes crónicos a través de la dispensación de su medicación habitual y puede convertirse en un agente activo de recomendación vacunal.

• 5.

  La quinta son los recordatorios dirigidos a las familias, la intervención con mayor impacto cuantificable descrita en la literatura para incrementar la cobertura antigripal3, y de implementación especialmente factible en los pacientes crónicos con contacto sanitario frecuente y documentado.

• 6.

  La sexta es la mejora de la accesibilidad y la aceptabilidad: vacunación escolar, sin cita previa, en fin de semana, en horario ampliado o incluida en los protocolos de alta hospitalaria. La disponibilidad de la vacuna intranasal, autorizada en España para toda la población de 2 a 17 años —salvo en casos concretos de inmunosupresión grave—, elimina además una barrera frecuente en la práctica asistencial pediátrica ya que es una vacuna con buena aceptación por pacientes/profesionales, sin que exista justificación para no vacunar a quienes tienen contraindicada esta vía, dado que se dispone de alternativas.

• 7.

  Por último, la séptima línea es cerrar el círculo con la comunicación sistemática de resultados a profesionales y ciudadanía, condición necesaria para sostener cualquier estrategia de mejora continua.

Estas intervenciones son factibles porque, en su mayoría, son adaptaciones de herramientas ya disponibles. Su implementación exige actuación simultánea en 3 niveles. A nivel asistencial, pediatras y enfermería deben identificar activamente a sus pacientes de riesgo e incorporar la vacunación como indicación explícita en el seguimiento anual. A nivel organizativo, los centros deben desarrollar censos activos, alertas electrónicas y protocolos de coordinación entre niveles, además de acuerdos formales con la farmacia comunitaria. A nivel de salud pública, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad deben crear indicadores específicos de cobertura para este subgrupo, fijar objetivos diferenciados e incorporarlos a los registros de vacunación existentes.

La vacunación antigripal pediátrica en España ha avanzado y forma ya parte del calendario sistemático, un logro que merece reconocimiento. Pero avanzar sin conocer el estado del subgrupo más vulnerable —los niños con condiciones de riesgo— es un error que debe subsanarse. La combinación de un censo deficiente, una vigilancia no estratificada y la ausencia de objetivos específicos genera una zona gris en la que los niños con mayor probabilidad de beneficiarse de la vacunación son, paradójicamente, los que menos probabilidad tienen de recibirla.

Las herramientas para corregirlo existen y las estrategias que funcionan están documentadas.

Lo que falta es la decisión de aplicar ese conocimiento de forma focalizada, con voluntad firme, liderazgo institucional y un compromiso medible de mejora. Corresponde a los profesionales implicados en el seguimiento de estos pacientes, a las sociedades científicas, a la farmacia comunitaria, a las autoridades sanitarias y a las asociaciones de pacientes actuar de forma coordinada y sin más dilación. La próxima temporada comienza en octubre. El tiempo para actuar es ahora.

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